Nueva victoria judicial en el sector de la seguridad privada. El Juzgado de lo Social nº 3 de Almería ha condenado a Viriato Seguridad S.L. a abonar más de 16.000 euros en atrasos salariales a dos vigilantes, tras años de incumplimiento del convenio estatal.
La sentencia confirma que la empresa no aplicó correctamente el Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Seguridad Privada, vulnerando los derechos económicos de los trabajadores desde al menos 2020. Este incumplimiento ya había sido reconocido por el Tribunal Supremo, que obligó a regularizar salarios y abonar las diferencias pendientes.
Los trabajadores afectados reclamaron cantidades correspondientes a salario base y distintos pluses (nocturnidad, festivos, transporte, vestuario y pagas extras), que la empresa venía abonando por debajo de lo legalmente establecido.
Frente a ello, la empresa intentó evitar el pago alegando prescripción y negando parte de los conceptos reclamados. Sin embargo, el juzgado ha rechazado estas excusas y ha dejado claro que no se puede eludir el cumplimiento del convenio ni de una sentencia firme.
El fallo es claro: la empresa deberá abonar más de 16.000 euros, además de un 10% de interés por mora.
Desde el ámbito sindical, esta sentencia refuerza un mensaje clave: reclamar funciona. Los tribunales siguen dando la razón a los trabajadores frente a prácticas empresariales que recortan derechos salariales.
Asimismo, se recuerda a toda la plantilla del sector que puede reclamar las diferencias salariales derivadas de la no aplicación del convenio estatal, especialmente en empresas que hayan seguido aplicando convenios inferiores o condiciones por debajo de lo legal.
La sentencia no es firme y puede ser recurrida, pero supone un nuevo aviso para las empresas del sector: el incumplimiento del convenio tiene consecuencias.
